Cien casos de crímenes de guerra pendientes de investigación en la FGR, el limbo en que se encuentra la ley de reconciliación nacional, vetada recientemente por el presidente de la República, y las incipientes medidas de reparación del Ejecutivo son algunas de las deudas del Estado, a cuatro años de anulada la Ley de Amnistía. Las víctimas y sus familias siguen clamando justicia por las violaciones a derechos humanos sufridas.
El 10 de mayo de 1982 la mayor parte de la familia de Carlota Ramírez fue desaparecida y dos integrantes asesinados. Su hermano, su hija y ella se salvaron de aquel día en que llegó “el escuadrón de la muerte a sacar a su familia”, afirmó.
Para Carlota, la anulación de la Ley de Amnistía fue producto del trabajo de ella y de miles de víctimas, sobrevivientes y familiares que han realizado labores de incidencia, en busca de la verdad de los hechos y acceso a la justicia.
“Siempre estuvimos trabajando con todos los Comités de Madres en foros, talleres, seminarios, marchas, plantones, para que esa ley fuera derogada. Digo esto porque a veces los funcionarios no mencionan a las víctimas, sino que creen que las cosas se han dado porque ellos lo han decidido. Esta es una lucha de las víctimas que se ha llevado siempre”, manifestó.
De nuevo da su testimonio, pero esta vez es a través de una pantalla. La pandemia por COVID-19 ha cambiado las dinámicas de incidencia de las organizaciones, aunque los llamados y exigencias al Estado continúan vigentes. Carlota recuerda un incidente con una legisladora del partido ARENA, que, para ella, fue una representación de la negativa hacia las demandas de las víctimas de quienes administraban el Estado en aquel entonces.
“En 2008 llevamos una pieza de correspondencia a la Asamblea. Y algo que siempre voy a decir en los espacios que me dan, es que esa vez, Milena de Escalón, enfrente de las víctimas, agarró la pieza y la hizo pedacitos y lo echó al basurero. Las madres empezamos a llorar de impotencia y eso a mi nunca se me olvida”, relató.
Ocho años después de aquel incidente, un 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía. Y estableció una serie de mandatos para los tres Órganos de Estado, que van desde la garantía de justicia a los casos de violaciones a derechos humanos, hasta la emisión de una Ley de reconciliación nacional que incluya medidas de reparación y garantías de no repetición.
David Morales calificó la sentencia como “histórica”, ya que en ella se recogen muchas de las demandas de las víctimas, no solo las presentadas en el país, sino las que llegaron a organismos internacionales como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. “Prácticamente dejó sin excusas a este sistema de impunidad”, afirmó a la Red Informativa de ARPAS.
“Ordenó que debían haber investigaciones, que debía haber justicia, que debía haber una ley especial e integral de reparaciones, de acceso a la justicia y obligaba también al Ejecutivo a colaborar en ese cumplimiento”, dijo.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, de familiares y víctimas del conflicto armado siguen contabilizando las deudas del Estado tras 4 años de declarada inconstitucional la Ley de Amnistía. Tanto la Fiscalía General de la República, como la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo siguen sin tomar decisiones que garanticen -luego de 28 años de la firma de los Acuerdos de Paz- el derecho a la verdad, acceso a la justicia y medidas de reparación para quienes viven aún las secuelas de estos crímenes, aseguraron.
Consideran que “las instancias obligadas por aquella sentencia, lejos de cumplir con lo ordenado, han impulsado acciones para perpetuar la impunidad y el olvido en El Salvador”.
Por ejemplo, las organizaciones expresan que la FGR tiene 100 casos de crímenes cometidos durante la guerra civil pendientes de investigación en la unidad fiscal creada para este fin.
“Si bien, la unidad fiscal creada para atender los casos del conflicto armado no ha contado con los recursos suficientes para realizar su labor y, menos, ha recibido del Fiscal General el respaldo necesario; es preocupante que, en este período, no se haya presentado un solo requerimiento de los casos que están bajo su responsabilidad”, afirmaron en su comunicado.
Además, señalaron que los procesos judiciales se deben llevar a cabo con la debida diligencia y todas las garantías, para sancionar a quienes cometieron graves violaciones a derechos humanos, en apego a la proporcionalidad. Entre los casos emblemáticos que se encuentran pendientes en el sistema judicial se encuentra el asesinato de Monseñor Romero, la masacre de El Mozote y lugares aledaños, entre otros.
Por otro lado, la Asamblea Legislativa aún no aprueba una ley de reconciliación conforme a los parámetros internacionales en materia de derechos humanos y a las exigencias de las víctimas, afirmaron.
Lejos de ello, “intentó aprobar una Ley de Reconciliación Nacional que habría mantenido la impunidad de las personas responsables de estos crímenes. Pese a la fuerza de denuncia y propuesta de las víctimas y una comunidad internacional que ha rechazado estos intentos, la Asamblea continúa priorizando otros intereses sobre la garantía del derecho a la justicia y a la verdad, que alcance a toda la sociedad salvadoreña”, expresaron en el comunicado.
Para David Morales la Asamblea es un ejemplo claro de resistencia a cumplir con la sentencia. “Por dos años la Asamblea se negó a realizar acción alguna. Interpelada por audiencias de seguimiento de la Sala, inició un proceso de seguimiento para aparentar el cumplimiento, generando propuestas de ley que en el fondo buscaban burlar la sentencia y un fraude a la Constitución”, afirmó.
Este año, el parlamento aprobó una Ley de Reconciliación Nacional que fue vetada por el presidente Nayib Bukele. “Esto se encuentra en una especie de parálisis jurídica hasta que no se resuelva este incidente”, explicó Morales.
Y desde el Ejecutivo, la deuda pendiente de todas las gestiones administrativas, según señalaron las organizaciones, es el bloqueo a los archivos militares que podrían aportar al conocimiento de la verdad y acceso a la justicia en estos casos pendientes.
Ante esto, pidieron al presidente de la República, Nayib Bukele, “levantar las barreras que impiden el acceso a la documentación sobre el conflicto armado, especialmente la que obra en poder la Fuerza Armada. Asimismo, que profundice y amplíe los incipientes programas de reparación para las víctimas que durante toda su administración se han visto disminuidos o suspendidos”.
Consideran que estos cuatro años no deben pasar desapercibidos, no solo por las deudas de cada uno de los Órganos de Estado, sino porque consideran que la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto que la institucionalidad del Estado, y en específico en el Ejecutivo, “no tiene un verdadero compromiso por evitar que ocurran graves violaciones de derechos humanos en el país”, dijo Héctor Carrillo.
“La pandemia ha dejado al descubierto un uso arbitrario del poder del Estado que ha derivado en violaciones a derechos fundamentales de la población”, agregó.
Para las organizaciones, el país pierde una gran oportunidad para la construcción de la democracia, la cual no es posible sin justicia, afirmaron.
“Tampoco desde la discriminación a las víctimas, desde la protección a los criminales de guerra. Sin embargo ha sido esta la tónica de esta democracia tan joven, donde uno de sus puntos débiles es la impunidad histórica que está condenando a muchas víctimas a llegar al final de sus vidas sin ver reparación alguna, en la pobreza, en la enfermedad, en crisis como la pandemia, entre otras que golpean a estas familias”, concluyó Morales.
Por: ARPAS.