“¿Sabe usted que uno orden judicial es de obligatorio cumplimiento? Usted no está obligado a obedecer una orden que sea ilegal”, le dijo el juez a las personas que se encontraban al interior del cuartel.
El quinto intento de verificación de archivos militares -en cumplimiento a orden del juez Jorge Guzmán, a cargo del proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y sitios aledaños- fue bloqueado. La sede militar que se inspeccionaría este martes era la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, que hasta junio de 2019 llevaba el nombre del señalado por las víctimas como responsable intelectual de la matanza, el Coronel Domingo Monterrosa.
Tras un vidrio polarizado, delegados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) le dijeron al juez que no permitirían el ingreso. Guzmán les explicó que estaban en el lugar “para realizar inspección, porque (la Brigada) es una de las señaladas, en 1981, de participar en el operativo donde se llevó a cabo la masacre de El Mozote”.
Juez explica a delegados de Tercera Brigada de Infantería el propósito de la inspección. Video: Cristosal
«¿Sabe usted que una orden judicial es de obligatorio cumplimiento? Usted no está obligado a obedecer una orden que sea ilegal», le dijo Guzmán a las personas que se encontraban al interior del cuartel.
El juez indicó que las explicaciones que dieron los representantes de la Brigada fueron «las mismas de siempre».
Uno de los acusadores particulares, Wilfredo Medrano, señaló la insistencia en impedir las diligencias. «Al parecer los 3 destacamentos del oriente del país seguirán el mismo guion de irrespeto a la orden judicial. Hoy nuevamente no abrieron, ni le permitieron al Juez entrar», dijo.
La inspección programada se intentó realizar en un contexto de sistemático bloqueo por parte de la Fuerza Armada. Anteriormente el juez y las partes acreditadas en el proceso penal histórico intentaron verificar los documentos relacionados en el Estado Mayor Conjunto de la FAES, en las bases aéreas de Ilopango y Comalapa, y en la Brigada de Artillería.
Al cuartel donde se llevaría a cabo la inspección este 27 de octubre se le retiró el nombre de Monterrosa, en junio de 2019, por orden del Presidente Bukele. Este era uno de los primeros anuncios que haría en su mandato. Las víctimas y organizaciones recibieron con esperanza la acción, porque se trató de una exigencia como parte de las medidas para reparar moralmente a las personas afectadas. La exhortación también había venido del Relator de la ONU sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Fabián Salvioli.
No obstante, más de un año después, las puertas del cuartel se cerraron a la expectativa de verdad. «Con esta acción de bloqueo, haber quitado el nombre de Monterrosa a esta brigada fue un acto vacío y superficial», apuntó David Morales, otro de los acusadores particulares en el proceso.
Hace un mes, el Presidente Bukele, comandante general de la FAES, desestimó al juez, lo hizo el 24 de septiembre, el mismo día que aseguró que le entregaría los documentos, vinculados al proceso, que supuestamente desclasificó. No obstante, tras no haberlo hecho, el juzgador le dio cinco días para hacer efectiva la entrega.
Son “romerías”
Tanto el mandatario salvadoreño como sus funcionarios insisten en la inexistencia de los documentos, señalan que fueron destruidos y atribuyen la exigencia a intereses partidarios. Esto ha sido rechazado por el juzgador, los acusadores particulares y las víctimas de la masacre. También se ha desvirtuado, por parte de la Sala Constitucional, que la seguridad nacional se ponga en riesgo al permitir el ingreso para verificar los documentos.
Sin embargo, la comisionada presidencial, Carolina Recinos, dijo la mañana de este martes -solo horas antes del quinto intento de inspección- que se ha tratado de «romerías» la asistencia de las partes a diferentes bases del ejército para la verificación de los archivos.
David Morales respondió a lo expresado por Recinos. «Siguen mintiendo e irrespetando a las víctimas. Los documentos que se buscan son los que la FAES informó al tribunal que existen, o se cuenta con indicios claros de su existencia. Proteger criminales de guerra es delito, y se tipifica como encubrimiento», escribió.
Por: ARPAS.