La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el bloqueo a la inspección ordenada por el juez en los archivos militares históricos y ha recordado que en sentencia de la Corte Interamericana se ha ordenado al Estado entregar la información que puede esclarecer graves violaciones a derechos cometidas en el contexto de la guerra civil.
Por segunda ocasión la Fuerza Armada negó al juez del proceso penal histórico por la masacre de El Mozote y lugares aledaños, Jorge Guzmán, acceso a archivos militares. Hoy estaba programada la inspección en el Comando de Fuerzas Especiales de Ilopango; no obstante, un nuevo cerco se impuso.
Los militares, a quienes se les ordenó negar el acceso, alegaron que no tenían información de la diligencia, pese a que el juez realizó una audiencia con todas las partes -incluidos los abogados que representan a la Fuerza Armada- para programar las verificaciones. Además, afirmaron que solo la Asamblea Legislativa les puede ordenar entregar información confidencial.
Atento, el juez Guzmán escuchó lo planteado y les respondió: «Ustedes están haciendo una valoración conforme a los intereses de la Fuerza Armada».
El abogado y acusador particular en el caso, David Morales, apuntó hacia el comandante general de la Fuerza Armada y al ministro de la Defensa la responsabilidad del bloqueo.
«Es el segundo que ocurre, después del pasado 21 de septiembre, que se dio un bloqueo en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Esto evidencia que por órdenes del Presidente Bukele y del ministro de Defensa Francis Merino Monroy se sigue protegiendo criminales de guerra e incurriendo en delitos», señaló.
Contra el comandante general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele, el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, y todos los involucrados en impedir la verificación de los archivos militares, organizaciones sociales han presentado aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Para las organizaciones el bloqueo podría configurar los delitos de Actos Arbitrarios, Incumplimiento de Deberes y Desobediencia Al Presidente Bukele lo señalan de Encubrimiento.
La Procuradora Adjunta de Derechos Civiles de la Procuraduría de Derechos Humanos, Silvia Hidalgo, informó que, debido a la negativa, el juez acudirá a una sede judicial de San Salvador para decidir qué procede.
Tras la audiencia, en la que el juez levantó acta por el nuevo bloqueo, las partes decidieron que las verificaciones continúen según el calendario previsto.
Demandan verdad
Organizaciones reclamaron una vez más al presidente Nayib Bukele por obstruir el acceso a la verdad, pese a que se comprometió hace más de un año con las víctimas a abrir los archivos. Integrantes del colectivo Salvadoreños y salvadoreñas construyendo memoria llegaron a la sede la Fuerza Aérea, entregaron rosas a militares, colocaron imágenes para recordar a las víctimas y demandaron verdad.
Además, comunidades se concentraron en el kilómetro 18 de la Ruta de la Paz hacia San Francisco Gotera, Morazán, sede del histórico juicio por la masacre. En el lugar, exigieron cese a la impunidad.
Acción reiterada
El primer bloqueo a la inspección de los archivos militares históricos, que puedan servir para esclarecer la peor masacre de América Latina en la época reciente, se dio el pasado 21 de septiembre cuando el juez de la causa y las partes procesales intentaron ingresar al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y realizar la verificación.
Ese día, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote publicó un comunicado en el que señaló que «la decisión de obstaculizar y bloquear una orden judicial es arbitraria e improcedente y ha sido tomada al más alto nivel».
La organización de víctimas de la masacre que dejó al menos 1,000 personas fallecidas, reclamó a Bukele su falta de coherencia y lo emplazó. «Esta fue una decisión deshonrosa y deshonesta por parte del Presidente de la República hacia la comunidad de víctimas (…) Este día queda grabado en nuestra memoria que es un presidente más de la impunidad, del engaño y doble discurso», expresaron.
En junio de 2019, el Presidente Bukele recibió en Casa Presidencial a familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños. En ese encuentro, el mandatario dijo que ellas serían prioridad.
«Sé que han esperado muchísimo tiempo para estas reparaciones, pero el tiempo no se puede retroceder, solo podemos ver para adelante y hay que hacerlo ya, con más urgencia», sostuvo.
Bukele afirmó conocer la trascendencia de la matanza. «Es una vergüenza para nuestro país, no solo que ocurriera, sino que haya pasado tanto tiempo y no se hayan hecho las reparaciones que se tienen que hacer», dijo.
El comandante milénial de la Fuerza Armada también comprometió su palabra. «Cuenten con nosotros. Ahorita estamos hablando de la masacre más dura, pero sabemos que hubo otras. Dicen que ‘no abran las heridas del pasado’; no, si es que las heridas están abiertas y lo que queremos es cerrarlas, pero no se cierran ocultándolas o poniéndoles un velo encima. Es encontrar la verdad», expresó.
No obstante, el 24 de septiembre defendió su contradicción. En cadena nacional, tras afirmar que él está “desclasificando información” y que es el Comandante General de la FAES quien puede tomar esa decisión, Bukele señaló que el juez de Instrucción de San Francisco Gotera “no tiene jurisdicción sobre la Fuerza Armada”.
“Lo que ellos quieren es entrar para encontrar operaciones militares de la semana pasada. Ellos saben que los archivos no están en el Estado Mayor Conjunto», apuntó haciendo referencia al juez, Jorge Guzmán, y al Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar.
Según el mandatario, «la mayoría de archivos fueron destruidos en estos 40 años, no sabemos cuándo”. Y agregó que “su alto mando militar” no había ingresado al ejército cuando ocurrió la masacre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el bloqueo a la inspección ordenada por el juez en los archivos militares históricos y ha recordado que en sentencia de la Corte Interamericana se ha ordenado al Estado entregar la información que puede esclarecer graves violaciones a derechos cometidas en el contexto de la guerra civil.
Por: ARPAS.