El experto de derechos humanos de la ONU en justicia transicional, Fabián Salvioli, insta a la Asamblea Legislativa de El Salvador a no aprobar un proyecto de ley que permita un perdón de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75,000 vidas entre 1980 y 1992.
Una Subcomisión de la Asamblea Legislativa examina desde el 14 de mayo de 2019 un borrador de artículos para una nueva ley de reconciliación nacional. Las víctimas del conflicto armado, sus representantes y la sociedad civil en general no han sido consultadas en el proceso. Un proyecto de ley basado en este borrador de artículos podría ser aprobado en el pleno de la Asamblea antes de que finalice esta semana.
El anteproyecto tiene por objeto aplicar una sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2016 que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía establecida en 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa que emita una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
Las disposiciones de dicho proyecto incluyen amnistías o perdones de facto, ya que las penas de prisión serán suspendidas y sustituidas por el servicio a la comunidad, y la responsabilidad penal se atribuirá únicamente por la omisión o acción directa en la realización de un acto punible, con el riesgo de que queden impunes quienes ordenaron, participaron o fueron cómplices de ello. También establece un plazo de prescripción de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones cometidas durante el conflicto, y pide a la Fiscalía General que elabore una lista de casos en un plazo de solo cinco meses.
También estipula que toda decisión judicial de este tipo se considerará cosa juzgada y, por lo tanto, no podrá ser apelada. Además, prohíbe las extradiciones pasivas con fines de enjuiciamiento en tribunales extranjeros.
«Expreso mi profunda preocupación por este intento de abrir la puerta a una amnistía de facto y eliminar la aplicación de sanciones penales por violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad», dijo el Relator Especial de la ONU en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli.
El experto recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe recurrir a figuras como la amnistía o medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria para los casos de graves violaciones de los derechos humanos.
«Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros», dijo Salvioli.
Además, indicó que la impunidad en relación con esos delitos puede contribuir a su repetición y a la creación de círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país.
Salvioli compartió sus preocupaciones con las autoridades pertinentes, incluida la Asamblea Legislativa, durante una visita oficial a El Salvador del 24 de abril al 3 de mayo. En marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó preocupaciones similares.
«Me alarma que las partes en el conflicto armado -que corren el riesgo de ser enjuiciadas por violaciones cometidas en ese período- traten de establecer un pacto de impunidad antes de que se produzca un cambio de gobierno el 1º de junio de 2019, que será la primera administración desde los Acuerdos de Paz que no ha sido parte en el conflicto. Este intento es tan espurio como ilegal bajo la ley nacional e internacional», dijo.
«He visto compromiso y buenas intenciones en la actual administración para avanzar en el proceso de justicia transicional en los ámbitos de la verdad, las reparaciones y las garantías de no recurrencia. Espero que este compromiso sea igualmente firme a la hora de sentar las bases para garantizar la justicia a las víctimas”, aseveró Salvioli.
Añadió: «Quisiera recordar que los procesos de justicia transicional no son un ejercicio de ‘escoger y elegir’, sino que deben ser implementados de manera integral, abordando cada uno de los elementos constitutivos de una agenda de justicia transicional: verdad, justicia, reparaciones y garantías de no recurrencia”.
También aseguró que no hay razones claras por las que “los mecanismos de impunidad como los propuestos en el borrador puedan considerarse legítimos, o incluso necesarios en términos políticos. Tampoco son legales. La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos».
Diversas organizaciones de la sociedad civil involucradas y conocedoras de los derechos humanos han expresado opiniones criticando la falta de participación en la elaboración de la propuesta. La discusión sobre la Ley de Reconciliación Nacional continuará en la Asamblea Legislativa y se espera llamar a consulta a las organizaciones civiles para que sean partícipes del análisis y elaboración de la propuesta final.
Por: Transparencia Activa.