Los abogados defensores de los militares señalados como responsables de la masacre de El Mozote y sitios aledaños interpusieron 5 demandas de amparo para retrasar la audiencia de intimación donde se les daría a conocer la imputación de tres delitos más a los 9 por los que ya se les acusa. También se oponen a las medidas sustitutivas a la detención, a tener que presentarse cada mes al juzgado y a pedir permiso si tienen intenciones de salir del país.
El abogado representante de los intereses de las víctimas de la masacre de El Mozote, Wilfredo Medrano, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, afirmó este lunes que “los defensores de los militares interpusieron cinco recursos de apelación, casi todos argumentando lo mismo, oponiéndose a las medidas cautelares que les impuso el juez y argumentando que hay una errónea aplicación”.
El juez Segundo de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán Urquilla, asegura que “el caso ya está bastante avanzado y fortalecido”, pero los defensores se niegan a reconocer dicha afirmación y descalifican a los testigos que hasta ahora han desfilado en el proceso penal. También “sostienen que sus defendidos ya son viejos y no tienen intenciones de irse del país por lo que no tienen que estar sujetos a medidas sustitutivas a la detención y además, quieren colaborar en el proceso”.
El Juzgado Segundo de Primera Instancia notificó a los militares acusados por la masacre El Mozote el pasado mes de abril que debían presentarse este 16 de mayo para que se les notificara la imputación de los delitos de tortura, desplazamiento y desaparición forzada, y que se agregaran a los delitos de asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daños agravados, estragos especialmente sancionados, actos de terrorismo y actos preparatorios de terrorismo.
Este caso también ha sido catalogado como crimen de lesa humanidad y crimen de guerra según el Derecho Penal Internacional, por lo que el juez pidió medidas sustitutivas a la detención para los señalados como presentarse cada mes al juzgado y no poder salir del país sin pedir autorización judicial.
Para el abogado de Tutela Legal, el juez lo que quiere es “asegurarse que no evadan la acción de la justicia y que la fase de instrucción se desarrolle plenamente y una de las formas de mantener a un imputado ligado al proceso penal es que se esté presentando al juzgado todos los meses para dar garantías de que no puede darse a la fuga, ya que los nuevos delitos que se les imputarán son graves”.
El juez argumenta las medidas sustitutivas en tratados y jurisprudencia internacional, así como en el derecho penal internacional y el derecho constitucional, lo cual alegan los defensores que no es aplicable a este proceso.
Pero lo que más cuestionan y a lo que se oponen es a las medidas sustitutivas, “porque no van a poder salir del país o lo tendrán que justificar al Juez”, señala Medrano.
Por estos amparos el Juez Guzmán Urquilla ha suspendido la audiencia de intimación que estaba programada para el jueves 16 de mayo y habrá que esperar que la Cámara de Segunda Instancia de la Tercera Sección de Oriente en San Miguel resuelva la apelación, que según Medrano “es una estrategia dilatoria para afectar el normal desarrollo del proceso”.
Por: T/A.