El balance de la Sala Constitucional es negativo

Los magistrados de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco terminarán sus funciones el próximo 15 de julio; y el balance de sus nueve años de gestión deja un saldo negativo para el país.

Si bien es cierto que emitieron algunas sentencias “progresistas” en materia de derechos humanos, como la derogación de la ominosa Ley de Amnistía, los referidos magistrados fueron totalmente conservadores en temas estructurales relacionados con el modelo económico, el esquema tributario y el sistema comunicacional. Por eso avalaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, revirtieron varias reformas fiscales y perpetuaron la concentración mediática.

Como bien señala la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), los cuatro magistrados también fueron funcionales a la estrategia de desestabilización de la derecha oligárquica, contribuyendo especialmente al boicot financiero del partido ARENA contra el Ejecutivo: eliminaron el FONAT, la emisión de bonos de deuda pública y otras medidas orientadas a fortalecer los ingresos estatales.

Los magistrados cometieron abusos y arbitrariedades que violentaron la separación de poderes, la institucionalidad y el estado de derecho. En varias resoluciones se extralimitaron resolviendo más allá de lo solicitado por los demandantes y en otras invadieron las funciones legislativas, del Ejecutivo y municipales: sentencias que legislaron, establecieron criterios presupuestarios que corresponden al Ministerio de Hacienda y las exoneraron a telefónicas el pago de impuestos municipales.

Jaime, González, Meléndez y Blanco actuaron, en muchos casos, con doble moral. En esto es emblemática la visión anti-partido aplicada únicamente contra personas supuestamente vinculadas a la izquierda gobernante y sus aliados, siendo significativo el caso de la arbitraria e ilegal suspensión del magistrado del TSE Ulises Rivas.

Para que esto no vuelva a suceder, es necesario que los nuevos magistrados sean funcionarios/as decentes, capaces e independientes de los partidos políticos, élites empresariales, grupos criminales y cualquier instancia de presión que interfiera en la correcta aplicación de los principios y disposiciones constitucionales.

Por eso todos los sectores progresistas, democráticos y decentes del país deben estar pendientes de esta elección que se realizará en los próximos días en la Asamblea Legislativa.

Por / ARPAS.

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