En el marco de la fecha establecida en 1994 por Naciones Unidas para reconocer a los pueblos indígenas, comunidades originarias del país exigieron que el Estado garantice sus derechos, se creen espacio de diálogo para expresar sus preocupaciones y que sus demandas sean atendidas.
Según datos de Naciones Unidas, en el mundo hay alrededor de 476 millones de personas indígenas viviendo a lo largo de 90 países.
Pese a que estos grupos representan poco más del 5% de la población mundial, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres.
En nuestro país, no existen datos certeros respecto a la cantidad de población indígena debido a que no hay un censo, un problema que los coloca en situación de desventaja de acuerdo a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En este marco, el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), expresó su preocupación por la situación que se vive por la pandemia de COVID-19. Afirmaron que las comunidades han “acatado todas las medidas de las autoridades”.
Manifestaron su preocupación por la falta de diálogo entre comunidades originarias y el gobierno. «La relación ha enfrentado estancamiento para la implementación de acciones en favor de estas comunidades», expresó Bety Pérez. Agregó que existe “desinterés del actual gobierno de escuchar a pueblos indígenas”.
Ante esto les exhortaron a “abstenerse de continuar con prácticas de invisibilización y exclusión de pueblos indígenas” y les instaron a “buscar mecanismos para mantener el diálogo, la instalación de consejo intergubernamental indígena, así como la implementación del Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas”.
También, llamaron al cese de discursos que promueven el odio entre Órganos de Estado y la sociedad. “Esto pone el alto riesgo los avances democráticos en el país y el estado de derecho”, apuntaron.
Desde la ratificación constitucional del Artículo 63 que reconoció la existencia de pueblos indígenas en el país, aprobada en el año 2014 por la Asamblea Legislativa, se han impulsado otras acciones en favor de estos grupos, pero que siguen pendientes de implementación, según señalan las comunidades, entre éstas la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas y el Plan Nacional de Pueblos Indígenas.
Nicolás Sánchez de Movimiento de Unificación Indígena de Nahuizalco (MUINA), agregó que una de las exigencias hacia el Estado es la protección de los bienes naturales. “Sentimos que se nos ha vulnerado nuestros derechos”, dijo a la Red Informativa de ARPAS.
Recordó, a propósito del tema, los casos del sitio sagrado Tacushcalco y la amenaza de la construcción de una nueva represa en el río Sensunapán.
Según dijo a la Red Informativa de ARPAS, Mateo Rafael Latín, alcalde del Común de Izalco, tres integrantes de dicha instancia han fallecido durante la situación nacional por la pandemia de COVID19.
“Se nos fue el segundo alcalde, la mayordoma y un regidor. Hemos perdido tres hermanos directos”, expresó.
En el marco de la conmemoración del 9 de agosto, la Alcaldía realizó una ceremonia.
El Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, expresó su preocupación por la discriminación que persiste hacia las comunidades indígenas en el país. Esto, dice, «ha contribuido a mantener las brechas muy marcadas de desigualdad en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos».
Además, señaló la falta de ratificación de Convenio 169 de la OIT sobre “Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes” por parte del Órgano Ejecutivo. También considera preocupante «no contar con un censo poblacional que refleje datos fiables, certeros y actualizados sobre el porcentaje real de tales pueblos».
Frente a esta situación, la PDDH recomendó al Ministerio de Cultura “orientar sus actuaciones a la protección integral de sus derechos humanos, desde una visión de personas titulares de éstos y no solo desde la perspectiva cultural”.
Al titular del Ministerio de Salud de El Salvador a “garantizar que los pueblos indígenas participen y sean incluidos en las medidas relacionadas con la salud pública, desde la interseccionalidad de la medicina moderna y tradicional”.
Por: ARPAS.