Por Radio YSUCA.
El Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra de El Salvador –MOVITIERRA- y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD- pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa la derogación del decreto 23- 2009 que contiene la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles.
Dicho Decreto vulnera garantías procesales y de derechos humanos, ya que contiene un procedimiento expedito para que un juez de Paz ordene desalojar a cualquier persona o habitantes de comunidades, que no posean título de propiedad. Esto puede generar condiciones para transgredir el derecho de audiencia, defensa y presunción de inocencia, todo en el marco del debido proceso. Esta situación afecta principalmente a las personas que no tienen certeza jurídica de sus propiedades, explicó William Murcia de FESPAD.
MOVITIERRA y FESPAD consideran que el decreto 23- 2009 genera duplicidad de normativa, ya que tanto en materia Procesal Civil y Mercantil y en materia Penal, se cuentan con normas que se asemejan a dicho decreto.
Según Rosa Mélida Alvarado de MOVITIERRA muchas familias en El Salvador no cuentan con seguridad jurídica sobre su vivienda, lo cual es lamentable, pues el Estado como garante de una vivienda adecuada debe promover leyes a favor de las familias y no en detrimento de sus derechos fundamentales.
Teresa Hernández, de FESPAD, añadió que debido al daño que ha ocasionado el decreto 23- 2009 para muchas familias, en las próximas semanas presentarán nuevamente una petición de derogatoria ante la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones solicitaron además a los Juzgados de Paz que garanticen a las familias los derechos de audiencias, defensa y debido proceso. También pidieron al Ministerio de Vivienda la creación y ejecución de un programa que brinde atención integral inmediata a familias en proceso de desalojo.
Además, exhortó al Ministerio de Vivienda a que acompañe a las familias en la búsqueda de soluciones habitacionales ante los desalojos forzosos y que sean soluciones acordes a los parámetros internacionales de derecho a la vivienda adecuada.