La desaparición forzada se ha masificado en el territorio nacional

Por Radio YSUCA.

La madre de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo recibió el 23 de diciembre los cuerpos de sus hijos desaparecidos el 18 de septiembre del presente año.

Agradeció a quienes la ayudaron en la búsqueda y  se logró encontrar los restos de las víctimas. Además, reconoció que hay otras familias con seres queridos desaparecidos.

“A veces es muy fácil dar una opinión cuando uno no vive la situación. Yo que lo he sufrido, mis únicos dos hijos, bendito Dios ya los tengo. Lo que puedo decir a todas esas madres que están ahí: Primero que se agarren de la mano de Dios. Dios es justo y verdadero, su amor es eterno y no nos desampara. Las cosas son en el tiempo de Dios y si siempre lo buscamos Él nos va a dar esa respuesta. Y si quieren encontrar a su hijo… Yo sé que mucha gente allá atrás, yo sé que hay muchas madres que han perdido a sus hijos y lo que les digo es que si yo los pude encontrar, ellas lo pueden hacer”, expresó la madre de los hermanos Guerrero Toledo. 

Pero, ¿Hay incremento en el caso de las desapariciones forzadas en el país?

La investigadora de temas de seguridad y violencia, Jeannette Aguilar, dice que no sólo ha incrementado en los últimos 10 años, sino que ha mutado a nuevas formas y expresiones. Una de las formas más grotescas y más atroces en estas prácticas de privación de libertad es las que van acompañadas de torturas a las víctimas (aún vivas), violaciones sexuales, en el caso de las mujeres. Muchas veces decapitaciones o desmembramientos antes de inhumarlos en fosas clandestinas.

Aguilar dice que en ese sentido, es difícil saber si han incrementado en relación a la última década, dado que se carece de estadísticas confiables. “Lo que sabemos es que el fenómeno se va masificando y esto ha adoptado, también, nuevos perfiles, tanto de víctimas como de perpetradores. Por ejemplo, en los últimos años está afectando más a personas de clase media, media baja, ya no solo víctimas de las zonas marginales, de las áreas rurales o personas en situación de mayor vulnerabilidad. De igual manera los victimarios ya no se reducen exclusivamente al perfil de pandillas, sino que a partir de la impunidad que ha rodeado estos hechos, nuevos actores como miembros de la policía, delincuencia organizada, grupos de exterminio, pero también ciudadanos comunes y corrientes están recurriendo a esta práctica precisamente para generar impunidad, en la medida que no ha habido interés de las autoridades en atenderlos”, dijo la investigadora.

Aguilar aseguró que es difícil hablar de tendencias en términos precisos, pero sí se puede decir que estamos frente a una transformación de la violencia “que ha llevado a que esta práctica se masifique a nivel de todo el territorio nacional”.

El Gobierno  siempre  ha hablado de la existencia de un Plan de Control  Territorial y afirma que los homicidios se han ido a la baja. Sin embargo, persisten las extorsiones, las desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado.

La investigadora en temas de seguridad y violencia dice que en los últimos años han surgido  desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, nuevas modalidades de control en las extorsiones y el control de la libre circulación en los territorios está precisamente asociado a las nuevas formas y expresiones en las que se muestra la transformación de la violencia.

Jeannette Aguilar dice que aparentemente ha habido una reducción de homicidios en términos de estadísticas oficiales. Además, la violencia extrema se está cotidianizando y adoptando nuevas formas.

Esto obedece a que ha habido una política pública centrada en la reducción de homicidios, cuando se sabe que la violencia se expresa de diferente manera. “En este contexto, lo que tenemos es una reducción posiblemente asociada al énfasis que los gobiernos le han dado a esta expresión delictiva, pero está adoptando la violencia nuevas características. Y en ese contexto, una de las razones es precisamente la falta de políticas integrales que aborden los factores de riesgo, los factores criminológicos asociados a estas nuevas formas y expresiones de violencia y uno de ellos precisamente es la falta de políticas integrales”.

En ese sentido, Aguilar explica que el Plan de Control Territorial que se anuncia en el contexto del actual gobierno es desconocido. “No se tiene mayor información, en términos de indicadores, de metas e incluso de contenidos en términos de las estrategias de las diferentes etapas”, agregó.

Aguilar dice que se ha pasado de fase 1, fase 2 a fase 4, por lo que hay una lógica contraria al ciclo de la política pública, no parece responder, realmente a una planificación estratégica del Estado, sino más bien a una estrategia de propaganda política.

En el caso de los hermanos Guerrero, la investigadora dice que el caso adquirió relevancia en términos de investigación y en términos de investigación de la Fiscalía General de la República y de la Policía a partir de la presión de la opinión pública y la cobertura que los medios de comunicación le dieron al caso.

Los casos de Flor de María, la joven futbolista, son otros ejemplos que fueron resueltos a partir de la presión de la opinión pública. Sin embargo, Aguilar dice que en el resto de casos desconocidos la respuesta suele ser la misma, indiferencia, negligencia e incluso encubrimiento. “Pero en términos del manejo institucional ha sido bochornoso sobre todo el manejo que se ha hecho por parte de las autoridades de seguridad, principalmente el ministro de Justicia y Seguridad Pública, que contrario a lo que establecen los estándares internacionales, criminalizó, acusó, señaló de vínculos de los hermanos Guerrero con grupos criminales, contrariando, todos los principios rectores en el manejo de la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas. Tiene como principios fundamentales no criminalizar, no estigmatizar, no culpabilizar. Esto ha sido contraproducente, pero también genera un enorme impacto y agrava los impactos psicosociales en la familia como lo hemos podido ver en el caso de la madre de los hermanos”.

La investigadora en temas de seguridad y violencia dice que en el caso de los hermanos Guerrero Toledo hay una obligación del Estado de reparar, incluso de cubrir todos los gastos funerarios, porque así lo establecen los principios internacionales.

Además, ha sido lamentable que la madre de los hermanos Guerrero tuvo que pedir apoyo para los gastos funerarios, a pesar de existir una obligación del Estado.