Nos hemos sentido desamparados por el Gobierno

Por Radio YSUCA.

Familiares del personal de salud fallecidos al inicio de la pandemia de COVID-19 se concentraron este viernes en la Plaza de la Salud, hasta llegar al Ministerio de Salud, sobre la Calle Arce, en San Salvador para exigirle al ministro de Salud, Francisco Alabi, que inicie un diálogo con ellos. Piden que les cumplan con lo establecido en el decreto legislativo 723.

Ana Maria de García, de 65 años, participó en la concentración y pidió apoyo  al Gobierno. María dice que su hijo dio la vida en la lucha contra la pandemia, mientras el Gobierno no les daba insumos de protección.

García narra que su hijo dejó dos niños en la orfandad y su nuera es quien ha asumido toda la carga de sus nietos, por lo que pide apoyo por el trabajo que su hijo hizo en el Ministerio de Salud.

La historia de García es una de 232 familias que vienen exigiendo el cumplimiento del decreto legislativo 723 aprobado por el Parlamento anterior. Hasta la fecha el Gobierno del presidente Bukele se niega a cumplir.

Por otro lado, Beatriz de Ramos perdió a su esposo que a pesar de padecer de una enfermedad crónica fue obligado a atender a pacientes con problemas covid-19 en el hospital Rosales. Ramos lamentó que a dos años de su muerte no han recibido ni el pésame, por lo que exigen al Gobierno no politizar el tema y cumplir el decreto sobre la compensación económica.

También, Warner Bonilla perdió a su hermano médico al inicio de la pandemia y señala que el Gobierno ha venido dilatando la ayuda, cuando hubo responsabilidad por no atender el llamado del personal de salud ante la falta de insumos de protección.

Por su parte, Laura Laínez, representante de los familiares del personal de salud fallecidos al inicio de la pandemia, aseguró a Radio YSUCA que se reunieron con delegados del Ministerio de Salud con una nueva promesa de reconocer a las víctimas y de conseguir los fondos para cumplir con el decreto. En total, son 88 familias que siguen esperando los beneficios del decreto aprobado por la Asamblea Legislativa. El resto de familiares que suman 144 siguen luchando para que todo el personal de salud fallecido reciba apoyo, pues ofrendaron su vida en la lucha contra la covid-19.